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Explotación de datos de la violencia de género, ¿y luego qué?

En los mismos días en que seis mujeres han sido asesinadas por sus maridos, el Instituto Nacional de Estadística ha presentado la primera Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género elaborada con datos procedentes del Registro central para la protección de víctimas de la violencia doméstica y de género.

Es la primera que el INE publica con datos obtenidos del registro dependiente del Ministerio de Justicia, con quien el centro estadístico llegó a un acuerdo para la explotación de esos datos; pero no la única. Están los informes, boletines y resúmenes publicados por el Ministerio de Sanidad, los publicados por el Instituto de la Mujer o las del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial, a las que luego haremos referencia. 

De las variables analíticas estudiadas, y que aparecen especificadas en la metodología empleada en la estadística del INE, se ha hecho hincapié en el número de víctimas y personas denunciadas por violencia de género y violencia doméstica. 32.242 mujeres fueron víctimas del primer tipo (32.142, los denunciados). 7.744 personas padecieron violencia doméstica (5.632 hombres y mujeres fueron denunciados por estos motivos). Sin embargo, poco se ha dicho sobre otras dos variables analizadas, y que a nuestro parecer resultan de importancia, las medidas cautelares dictadas y las infracciones penales imputadas; entre estas últimas, 18.149 lesiones, 7.665 amenazas o 2.040 quebrantamientos de condena son el top tres. Tampoco se ha hecho demasiada referencia a los datos obtenidos en población menor de 18 años y hasta los 24; un 11%  de las lesiones (2.040), incluídas en las infracciones penales imputadas en casos de violencia de género, se produjeron entre este colectivo, y un 9,5% de las medidas cautelares que se dictaron afectaban a la población más jóven. 

No es grupo de población que arroja las tasas más altas, pero quizás  el simple hecho de aparecer en las estadísticas debería ser motivo de preocupación; y lo es para algunos, como organizaciones y  miembros de la administración de justicia. En declaraciones a El País, Soledad Cazorla, fiscal de sala delegada contra la Violencia de Género, se mostraba “perpleja” ante el fenómeno de que la violencia de género siga instalada en las generaciones más jóvenes. “Me produce sorpresa que roles que entendíamos que eran del pasado se puedan repetir en gente muy joven que suponíamos que había asumido su dignidad”, afirmaba.

 

Un nuevo escenario donde la violencia de género se manifiesta.

Roles del pasado en un escenario nuevo, hiperconectado y en el que la violencia adopta nuevas formas. A esto se refería la también fiscal Ana Isabel Vargas, adscrita a la sala de violencia sobre la mujer de la Fiscalía General del Estado, dentro del 2º Congreso Nacional contra la Violencia de Género organizado por la asociación Clara Campoamor en Bilbao, quien resaltaba esta misma semana, en una ponencia sobre redes sociales y delitos, como entre las nuevas formas de agresión se encuentran las conductas violentas a través de la redes. Y entre los delitos más habituales, el ciberacoso. 

La fiscal resaltó otras conductas que, sin ser delito, podían hacer saltar las alertas: el control por parte de la pareja de los comentarios o publicaciones en redes sociales, la presión para que se elimine de las listas de amigos a personas determinadas o la publicación de fotos de la pareja en contra de la voluntad de la mujer para dejar claro que está comprometida. Sólo una versión moderna del “tú cállate”, “prefiero que no salgas con tus amigos” o “tú vas conmigo a todas partes”. La encuesta del INE localiza la  tasa más alta de víctimas en relación con la población total de mujeres en el tramo de edad de 20 a 24 años (320,3 víctimas por cada 100.000 mujeres). El grupo de entre 18 y 19 años tenía la quinta más alta.

Si nos fijamos en la estadística publicada por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial, las denuncias descienden, un 4,1% según el, con respecto a 2011; igual que descienden las órdenes de protección solicitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, un 3,5% menos que en 2011.

Se podría seguir haciendo referencia a los distintos informes, estadísticas y resúmenes que documentan y cifran el asesinato de mujeres por el mero hecho de serlo. Pero nos parece más oportuno hacer referencia a la reflexión de Miguel Lorente publicada en el blog Autopsia de elpais.com, en la que alertaba de cómo está influyendo la crisis en la violencia de género: “Por un lado la crisis está restando posibilidades de autonomía a las mujeres al dificultar contar con un trabajo y una independencia económica para salir de la relación violenta, [...]. Y por otro lado, la crisis ha recortado muchas ayudas y recursos dirigidos a la asistencia, atención, información, asesoramiento… de las mujeres víctimas de violencia, [...]. Esto hace que las mujeres maltratadas, ya con problemas de autonomía e independencia, tengan aún más dificultades para salir de la relación violenta”. 

Una violencia localizada en un grupo de población (los más jóvenes) al que creíamos a salvo de esta lacra, un nuevo contexto digital que viraliza la violencia y una realidad económica que dificulta a las mujeres la salida del infierno. Y luego están las muertas, claro, con 23 en lo que llevamos de año.

El conocimiento y estudio de este tipo de violencia que parece existir, y que se refleja en la ingente documentación que desde organismos públicos se elabora, debería hacer posible la implementación de políticas efectivas que ayudaran a erradicar una lacra que se arraiga en todos los grupos de edad sin distinción; adaptándose a las circunstancias de cada momento, dejando de lado los eufemismos, los exabruptos al estilo de González Pons y los vicios discursivos de nuestros políticos, resumidos en el “y tú mas”. 

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