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Una responsable de extranjería admite irregularidades en la tramitación de expedientes

La Ley del Procedimiento Administrativo Común y la Directiva Europea sobre la libertad de residencia y circulación son sistemáticamente incumplidas, según sus declaraciones ante el Colegio de Abogados de Madrid.

El pasado 21 de noviembre, en el transcurso de una Jornada de Extranjería sobre Régimen Comunitario en la sede del ICAM, la Jefa de la Oficina de Extranjeros de la calle Manuel Luna 29 en Madrid, Dª Pilar Martínez, reconoció que en su oficina se incumplían sistemáticamente determinadas normas de la legislación de extranjería y del procedimiento administrativo.

Según un abogado presente entre los asistentes, la señora Martínez admitió, en primer lugar, que en su oficina no se estaba contestando a los Recursos de Reposición interpuestos -solicitud que los extranjeros presentan ante la oficina de extranjería cuando se les deniega un permiso de residencia-. La causa argumentada fue el volumen de trabajo, lo que no es ninguna novedad dentro de los órganos de la Administración con competencias en materia de extranjería, a pesar de que suponga el incumplimiento de la obligación legal de resolver en plazo.

Para rematar, lo más grave a nuestro parecer llegó cuando admitió que se estaba denegando sistemáticamente las tarjetas de residencia a los familiares de extranjeros comunitarios -de la UE-, con la mera constatación de que el susodicho tenga antecedentes penales, sin molestarse en averiguar si concurren en cada caso otras circunstancias que aconsejen la denegación. Por ejemplo, con un incumplimiento de la tasa de alcoholemia, un extranjero comunitario puede ver cómo se rechaza su solicitud de residencia.

Dº Julián Chico, de la secretaría de Estado de Extranjería, se apresuró a recordarle que no por tener antecedentes penales significaba la denegación automática, sino que el susodicho debían seguir siendo una amenaza latente y actual. Pese a mostrarse conocedora de la norma, la señora Pilar Martínez se reafirmó en su actuación, la denegación automática. Y dejó caer que pese a que se fundamentara en recurso, estos no se contestaban (debido al volumen de trabajo).

Para empezar, lo anterior implica contravenir el artículo 15 del Real Decreto 240/2007 y la Directiva del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembro. Ambas normas establecen literalmente que “la existencia de condenas penales anteriores no constituirá, por sí sola, razón para adoptar dichas medidas”.

En paralelo, se revelaba otro hecho, pues dichos recuros no deben ser tramitados como de Reposición sino como Recursos de Alzada, y precisan ser resueltos por un superior jerárquico. La jefa de la Oficina de Extranjería admitió que dichos recursos los tramitaba como si fueran de Reposición por no existir superior jerárquico en la oficina sita en la calle Manuel Luna encargado de los mismo. Y por lo que se deduce de sus palabras no se hacían llegar a ninguna otro órgano competente.

Esto último supone un incumplimiento directo del artículo 114.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común que dice que “si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, este deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior”.

El resultado de la charla del pasado 21 de noviembre es una muestra más de las dilaciones indebidas y los tradicionales abusos a los que nos tienen acostumbrados las administraciones competentes en materia de extranjería. En Alegato consideramos que se han convertido en flagrantes incumplimientos que nos preocupan y mucho. La historia ha demostrado que en situaciones de déficit democrático se agudiza la desatención a los colectivos de inmigrantes. Así, el tratamiento que se les da a los extranjeros es el primer sensor dentro del Estado de Derecho que nos alerta de comportamientos poco democráticos en las esferas de poder.

Estas irregularidades, confesadas espontáneamente por una confusa y, sin duda, sometida a presión, responsable de inmigración pueden ser solo la punta del iceberg de lo que se esconde detrás de las ventanillas de los órganos competentes en Extranjería.

A ello hay que añadir las novedosas medidas tomadas contra el colectivo de inmigrantes, como la exclusión de los extranjeros sin permiso de residencia, y casi siempre con pocos recursos, del sistema sanitario. Por contra sorprende las anunciadas concesiones de permisos de residencia para aquellos que puedan compra una vivienda. Escoger el nivel de ingresos como vara de medir no precisamente muy democrático.

En momentos en los que los principales pilares de nuestro Estado Social (sanidad y educación) y de Derecho (justicia) están siendo brutalmente menoscabados en un contexto de profunda crisis de empleo, es habitual y hasta comprensible que la ciudadanía desatienda las injusticias que golpean a los inmigrantes. Sin embargo no debemos abandonarlos porque al hacerlo estamos claudicando ante el mayor enemigo de las sociedades del bienestar: la insolidaridad.

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